La autoridad reguladora de asuntos mortuorios actúa en los casos de fallecimiento en los que no hay familiares que estén obligados a enterrar al difunto o cuando éstos no organizan el entierro de forma independiente y dentro de los plazos legales. La autoridad de orden público toma entonces las medidas necesarias para mantener la seguridad y el orden públicos en el marco de la prevención del peligro.

Si una persona fallece en una institución (por ejemplo, una clínica o una residencia de ancianos) y no hay familiares con obligación de enterramiento o no hay familiares conocidos, la institución correspondiente es responsable del enterramiento.